PRESENTACIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO

La presente propuesta de refundación del Estado es revolucionaria, democrática, socialista, profundamente económica, y es irreversible. Exige mantenernos en movilización permanente porque la refundación no se negocia: se conquista, se ejerce y se defiende. La soberanía popular es nuestra única fuente de poder legítimo.

Honduras es un Estado de derecho, soberano, constituido como una República libre, democrática e independiente, y tiene la obligación de asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social.

Mi propuesta de Refundación y de Gobierno se sustenta en los principios fundamentales de la soberanía popular, la autodeterminación de los pueblos y la democracia directa y participativa.

Reafirmo que el pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección cuando su soberanía es suplantada, como ocurrió con el golpe de Estado de 2009 y los fraudes electorales 2013 y 2017. La usurpación y manipulación de los poderes constituidos se tipifican como delitos de traición a la Patria, un delito cuya responsabilidad es imprescriptible. En Honduras el golpe de Estado de 2009 y los fraudes electorales continúan en una grave e injusta impunidad que el pueblo no olvida.

La Constitución de Honduras prohíbe los monopolios, monopsonios, oligopolios, acaparamiento y prácticas similares pero a lo largo de nuestra vida de “democracia liberal bajo tutela”, y el golpe de Estado de 2009 que instaló una mafia de narcotraficantes, se entregó la economía hondureña a una ambiciosa oligarquía que a través de 25 grupos económicos y 10 familias se han apropiado del equivalente al 80% del PIB.
El Plan de Gobierno que propongo para la Refundación de Honduras, se denomina “Democratización de la Economía”, y está cimentado en los principios revolucionarios del socialismo democrático cuyo eje es la justicia económica, climática y social para las grandes mayorías.

La refundación del Estado significa terminar de una vez por todas, con el dominio del poder oligárquico, ese poder que históricamente ha secuestrado la soberanía nacional y la economía. La soberanía no pertenece a las élites, ni a los grupos fácticos, pertenece al pueblo: al trabajador, al campesino, al indígena, al garífuna, al obrero, al maestro, al joven y al emprendedor. Refundar es devolver el poder a quienes producen, a quienes han sido excluidos, explotados y marginados durante siglos. Refundar es volver el poder al pueblo para construir una Honduras justa, democrática, productiva y verdaderamente libre.

Para transformar el sistema económico se debe romper con el modelo de exclusión neoliberal y promover una justa distribución de la riqueza y del ingreso. Desprivatizar el dinero y los servicios públicos, y dejar de ser un feudo para convertirse en un sistema de economía abierta y competitiva, orientada a reducir las desigualdades y erradicar la pobreza. El acceso al crédito y bajos intereses, no debe continuar siendo un privilegio de unos pocos, sino un derecho de quien produce, invierte y trabaja para el desarrollo nacional, de los empresarios honestos dispuestos a pagar impuestos.

Ningún país es libre si sus riquezas están en manos ajenas al interés nacional.

La presidenta Xiomara Castro con determinación, entrega y un altísimo nivel de dignidad, inició el proceso de refundación y cambio en Honduras a partir del triunfo del Partido Libre en las elecciones del 28 de noviembre de 2021. Porque la refundación está en escuelas que enseñan independencia, soberanía y patriotismo; está en los hospitales dignos, equipados y abastecidos permanentemente con medicinas, está en los barrios que viven sin miedo, y en el empleo con salarios justos que permite a cada familia planear su futuro con dignidad. Refundar es defender nuestros bosques, ríos, montañas y mares; está en blindar nuestras islas, nuestros cayos, nuestros humedales y nuestras costas, del narcotráfico, del crimen organizado y de la rapiña de piratas y saqueadores que históricamente han despojado nuestro país. Refundar es recuperar lo público, es reconocer que el agua no tiene precio de mercado, porque su valor es la vida misma. La refundación está en carreteras y caminos productivos que unen a nuestras comunidades, en canchas deportivas. Es el ejercicio práctico del derecho del pueblo a conocer la verdad, un derecho humano que no prescribe, porque solo un país que siente en lo más hondo de su alma, puede comenzar a curarse.

Para terminar con la corrupción y la impunidad, debemos ponernos de pie como nación, abrir los archivos, investigar las redes criminales de alto impacto económico y financiero, perseguir la corrupción público-privada y reparar a las víctimas, garantizando la no repetición.

La llama de la refundación debe mantenerse encendida para no permitir que vuelva la sombra del miedo. A quienes todavía dudan, les propongo un gesto simple: quitarse la venda.

La Democratización de la Economía es justicia económica. El Estado debe asumir su papel activo para corregir las fallas de mercado, monopolios y oligopolios, asimetrías de información, subinversión en bienes públicos, racionamiento y privilegios en el crédito y vulnerabilidad cíclica. Convertir el crecimiento macroeconómico en bienestar para los diez millones de hondureños. Créditos con bajos intereses para todos los sectores productivos, cadenas de valor; formación técnica, ciencia y tecnología para elevar la productividad; y una política industrial verde que agregue valor en origen.

Planteamos una reforma estructural de apertura y mayor competencia del sistema financiero para ampliar el acceso al capital.

La narco dictadura y la élite económica diseñaron complejos sistemas para eludir las reglas de contratación pública e inaugurar una etapa de monopolización de lo público que incluía disponer de los recursos del Estado como si fueran propios. Transitamos el ciclo de deuda interna y externa más grave de la historia de Honduras.

Fideicomisos. Los corruptos fideicomisos se convirtieron en el principal mecanismo de privatización y marcaje del dinero público, y concentración del poder económico y político. La banca privada administró más de L145,702 millones a través de los principales 82 fideicomisos. 

Privatización de bienes y servicios públicos APP. La privatización de activos estratégicos (energía, telecomunicaciones, aeropuertos) y la mercantilización de bienes comunes (tierra, minerales) aceleraron la concentración de riqueza en manos de élites, mientras se desregularon mercados para favorecer oligopolios. Las alianzas público-privadas (APP) se usaron como mecanismo de acumulación de riquezas donde se administraron activos públicos estratégicos. Entre los proyectos más relevantes destacan aeropuertos, carreteras, el Centro Cívico Gubernamental y terminales portuarias.

Como conclusión el modelo aplicado por la narco dictadura es contrario a la propia lógica capitalista neoliberal y sus reglas consensuadas en Washington, cuyo objetivo principal era fomentar el crecimiento económico y la estabilidad a través de la liberalización de la economía, porque la misma se concentró en 25 grupos económicos de 10 familias que son dueñas del 80% del PIB, mientras la pobreza creció de 58.8% en 2009 a 73.6% en 2021, es decir, 14.8 puntos porcentuales.

La intermediación financiera se ha sextuplicado de un 5% del PIB en el 2000 a un 28% del PIB en 2024, convirtiéndose en la actividad económica más grande. Entre 2000 y 2024, la intermediación financiera ha sacrificado las actividades productivas que más empleo generan: caída del tamaño de la industria de 21 a 17% del PIB, menor actividad del sector agropecuario, de 14.4 a 11.7% del PIB, menor peso de la educación, de 4.8 a 4.1% del PIB, menor acceso a vivienda, de 4.8 a 3.9% del PIB, menor construcción, de 5.9% a 2.6% del PIB, pero esto no es suficiente, necesitamos una reforma estructural e integral al sistema financiero de Honduras.

NUESTRO PLAN PARA la Democratización de la Economía, parte de una premisa: el crédito, la tributación y los mercados deben servir al pueblo que produce. Vamos a abrir el financiamiento productivo al sector privado y las miles de familias y emprendedores. Impulsaremos la eliminación de las Centrales de Riesgo que son herramientas de exclusión y muerte financiera y reorientaremos el sistema financiero para que puedan otorgarse créditos con intereses blandos al sector MIPYMES, agricultura familiar y cooperativas. Fortaleceremos las iniciativas de cajas rurales y la banca pública de desarrollo será capitalizada para llevar créditos a los barrios y al campo.

El sistema financiero hondureño ha operado históricamente bajo una normativa legalizada que privilegia la acumulación concentrada del capital, la intermediación bancaria de alto costo y la exclusión de amplios sectores sociales y productivos. Su estructura reproduce un modelo restrictivo: altas tasas de interés, privación de acceso al crédito, centralización del ahorro nacional en pocas instituciones, y un sistema de central de riesgo que marca y penaliza la participación económica de quienes enfrentan dificultades temporales. En la práctica, esto configura un mercado financiero extractivo, con baja competencia, débil regulación, escasa innovación para inclusión, un aparato legal orientado a proteger y hacer crecer los intereses oligopólicos antes que el desarrollo productivo del país.

PROPUESTA: 

• Reformar la Ley del Sistema Financiero, Ley del Banco Central y de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, para establecer un sistema monetario, cambiario y crediticio que limite la especulación, la usura, la alta concentración, la salida de capitales con fines especulativos, y evite distorsiones sobre el tipo de cambio. >
• Fortalecer el esquema de subasta pública de divisas para penalizar la especulación.
• Implementar un esquema y su respectivo reglamento para la regulación de las transferencias de fondos al y del exterior, con el objetivo de controlar la salida de capitales y evitar movimientos abruptos en el tipo de cambio.
• Implementar esquemas del manejo de liquidez financiera para utilizar recursos a bajo costo hacia el crédito productivo y de muy corto plazo para la atención inmediata de emergencias nacionales, como desastres naturales y crisis sociales.
• Establecer medidas de política monetaria y crediticia para controlar las colusiones de la banca. 
• Establecer medidas de política monetaria para reducir los desequilibrios entre tasas de interés de créditos y de depósitos.

Hoy, de casi 3.3 millones de jóvenes entre 18 y 40 años, sólo 589 mil pueden acceder a un crédito formal en la banca; ocho de cada diez están fuera. Y entre quienes sí entraron, 71 mil cargan una “marca negativa” que los persigue por años y les cierra las puertas. Esa muralla se llama Central de Riesgo: una lista que castiga la pobreza, los atrasos pequeños y los tropiezos de la vida como si fueran delitos imperdonables.

PROPUESTA: 

Eliminar la Central de Riesgo (Central de Información Crediticia) como lista negra que decide el destino de las familias. No estamos borrando la responsabilidad ni regalando el dinero de nadie; estamos cambiando las reglas para que la evaluación sea justa y presente, basada en la capacidad de pago actual. Vamos a instaurar un sistema de puntuación inclusivo, con rehabilitación rápida para quien se ponga al día y protección de datos para que nadie sea humillado por su situación económica.

Hoy nuestro sistema financiero exhibe una ecuación abiertamente regresiva. Mientras los grandes depositantes concentran alrededor de L 200 mil millones y obtienen rendimientos superiores al 13%, los pequeños ahorrantes, que suman cerca de L 250 mil millones, reciben en promedio apenas del 2%; al mismo tiempo, los grupos oligárquicos acceden a más de L 300 mil millones en créditos con tasas de interés promedio del 11%, y más de medio millón de deudores comunes (del pueblo) paga tasas que van del 40% al 100%. No es ineficiencia, es asimetría de poder, captura regulatoria y préstamos a partes relacionadas; en pocas palabras, a quienes más les prestan, menos pagan, porque con demasiada frecuencia los que reciben crédito son los mismos que se lo prestan a sí mismos.

En la siguiente gráfica puede verse la distorsión sistémica que es producto del uso asimétrico de las tasas de interés: no se trata solo de una “falla de mercado”, sino es un diseño pret à porter para hacer que la base de la pirámide de deudores (la mayoría) financie el enriquecimiento de la cúpula (la minoría). Bajo esta premisa tan errónea es imposible pensar en la adecuada salud del sistema financiero de Honduras.

PROPUESTA

El crédito es un bien público instrumental que debe asignarse con competencia real y sin conflictos de interés. Por eso implantaremos topes a la Tasa Efectiva Anual en consumo y microcrédito; límites estrictos y vigilancia en tiempo real a los préstamos a partes relacionadas y a la concentración por grupo económico; transparencia total de TAE y comisiones; portabilidad del crédito y prepago sin penalidades; y un Comparador Nacional de Tasas para que cada familia elija la opción más justa. En paralelo, elevaremos la remuneración del ahorro popular con un piso regulatorio para depósitos minoristas y competencia abierta a través de la banca pública, cajas rurales y cooperativas respaldadas por garantías estatales y fondos de segundo piso, de modo que el dinero barato llegue a todos nuestros trabajadores.

Proteger el ahorro de las mayorías y abaratar el crédito para quien produce, trabaja y sueña en Honduras.

Entre 2022 y junio de 2025, BANADESA colocó 5,848 millones de lempiras, de los cuales el 86.7% se destinó al agro. En el mismo período, BANHPROVI colocó 31,068 millones y orientó el 70% a vivienda. Se ha financiado 3.6 veces más la vivienda media que el sector agropecuario.

Una causa central del escaso financiamiento para productores agrícolas y MIPYMES es la falta de garantías.

PROPUESTA

Rediseñar y capitalizar la banca pública para cumplir objetivos de desarrollo: poner la riqueza y las oportunidades en las manos del pueblo que con su trabajo la va a multiplicar. BANADESA como el banco especializado del sector agroalimentario y BANHPROVI como el banco de fomento de la industria, los servicios y la vivienda.

Entre 2016 y 2021, 15 instituciones financieras acumularon L 47,596 millones en utilidades, más que cualquier otro sector, mientras 364 empresas en ZOLI sumaron L 46,764 millones, 62 generadoras de energía L 24,528 millones y 18,006 MIPYMEs apenas L 8,769 millones. En promedio, cada banco ganó L 3,173 millones en el período; cada generadora, L 396 millones; cada empresa ZOLI, L 128 millones; y cada MIPYME, L 0.49 millones. Es decir, un banco ganó alrededor de 6,500 veces lo de una MIPYME. Con sólo 15 entidades, la banca concentra 37% de todas las utilidades del cuadro y muestra un crecimiento exponencial, con márgenes que harían palidecer incluso a la banca de la Unión Europea y de economías del llamado primer mundo.

En contraparte, el sistema tributario en Honduras es altamente regresivo: mientras un hogar pobre puede destinar hasta 50% de su ingreso a impuestos al consumo, las 10 familias y sus 25 grupos económicos (entre los que encontramos los bancos, las generadoras de energía y las Empresas ZOLI) apenas aportan 0.03%, beneficiadas por exoneraciones que concentran un tercio de los perdones fiscales (más de L 12,000 millones al año) y aun así generan menos del 5% del empleo, cuando las MYPEs, pulperías, barberías y talleres, sin privilegios, crean más del 80%.

Con el principio de renta territorial de los 40 decretos legislativos de la “narco-dictadura”, entre 2017–2024 esas élites sacaron más de L 60,000 millones hacia paraísos fiscales. Al mismo tiempo, el alza de tasas de interés impulsó utilidades bancarias récord cercanas a L 10,000 millones en 2024, con un crecimiento acumulado de 54% en tres años y de casi 300% entre 2010–2024, esto es, se grava más el consumo popular que a los grandes conglomerados, se premia fiscalmente a quien menos empleo crea y se financia la concentración de riqueza mientras la mayoría carga el costo.

El Estado ha sido financiado principalmente por los sectores de menores ingresos, por los pobres, con una recaudación equivalente al 21.2 % como porcentaje del PIB, contra el 24.2% en Costa Rica, el 33.5% en Brasil, el 26.6% en Estados Unidos y 41.7% en Europa.

De cada 100 lempiras recaudados por el Estado, 70 han sido cobrados a quienes menos tienen.

Entre 2022 y 2023, apenas 11 grupos económicos concentraron el 36.1% de las exoneraciones (L22,074 millones), mientras el resto de 3,612 empresas solo accedió al 63.9%.  Los sectores más favorecidos fueron la maquila, energía, agroindustria, construcción y ensamblaje de vehículos, mostrando cómo pocos conglomerados nacionales e internacionales capturan los beneficios fiscales como mecanismo para evitar impuestos y ampliar ganancias.

Debemos desmitificar el supuesto empleo que genera la oligarquía exonerada. En la realidad noventa y cuatro de cada cien empleos los generan empresas que sí pagan impuestos; las exoneradas aportan 209,359 empleos. Pero dentro del bloque que sostiene el empleo, alrededor del 61 % son puestos informales (2,088,911) y solo 39 % formales (1,331,689). Esa mezcla de renuncia fiscal a unos pocos e informalidad masiva en el resto explica por qué los salarios reales caen mientras las ganancias del capital se expanden: el Estado subsidia con exoneraciones y tolera que la competencia se gane abaratando trabajo y seguridad social, no innovando ni produciendo más y mejor.

PROPUESTA

Aprobar la Ley de Justicia Tributaria. Eliminar la evasión y privilegios, auditar y ordenar el régimen de exoneraciones, prohibir condonaciones que legalizan deudas no pagadas.

Cada lempira que recuperemos con la ley de justicia tributaria irá a programas sociales y a la política social integral, será usado para combatir la pobreza.

Honduras cuenta actualmente (2025) con un ecosistema Fintech en expansión, 52 iniciativas, 29 activas, que crece de forma sostenida impulsado por la digitalización financiera; predominan pagos y transferencias (50%), seguidas por soluciones tecnológicas (21%) y blockchain/criptoactivos (13%), mientras que créditos digitales, insurtech y crowdfunding representan 4% cada uno; es un sector dinámico pero poco consolidado y con riesgos de control, con marcos regulatorios hoy circunscritos Empresas Proveedoras de Servicios de Pago Electrónico (EPSPE) e Instituciones No Bancarias de Dinero Electrónico (INDEL).

Cerca de 5 millones de hondureños (70% de la población en edad de trabajar) acceden a internet, por lo que las plataformas electrónicas pueden convertirse en la vía para crédito barato, emprendimiento y acceso financiero. La experiencia comparada en otros países de la región muestra el potencial de la banca abierta.

PROPUESTA

LEY FINTECH. Implementar un esquema de banca abierta (open banking) que facilite el acceso al crédito y eleve la competencia mediante bancos digitales, financiamiento colectivo y la participación de empresas Fintech; poner en marcha el financiamiento colectivo “online” operado por Fintech para apalancar el emprendedurismo y el crédito especialmente a las MIPYME; y aprovechar la liquidez subutilizada liberando L70,000 millones del sistema financiero para dirigirlos a sectores productivos y a la atención inmediata de emergencias nacionales, mediante la emisión de un Programa en el Banco Central y una Ley de Financiamiento Productivo, todo ello con un enfoque de orden, seguridad y control proporcional a los riesgos del sector.

Se considera una startup o empresa emergente, aquella que es creada para descubrir y escalar rápidamente un modelo de negocio repetible. Su foco está en la innovación y la escalabilidad: lo que sirve para 100 clientes debería poder servir a 100 000 con costos marginales cada vez menores. Este modelo de negocios permite a las MIPYME y a pequeñas empresas especializadas multiplicar sus ganancias enfocándose en la atención de mercados específicos.

PROPUESTA

Aprobar una Ley de Startups para que emprender sea simple, rápido y con reglas claras donde una persona, un emprendedor, dueño de una idea, con una buena solución pueda abrir su empresa. Financiamiento a tiempo, intereses bajos, distintas modalidades de coinversión, garantías, reconocimiento de instrumentos de inversión temprana y un crowdfunding bien regulado para que más ideas encuentren apoyo sin trabas.

La concentración de riqueza es evidente, 25 grupos económicos dominan sectores clave con activos equivalentes al 1,595.3% del PIB sectorial en finanzas, 343.1% en electricidad y agua, 170.6% en comunicaciones, 124.6% en industria y 101.7% en minas, configurando posiciones de mercado que facilitan la fijación de precios, barreras de entrada y captura regulatoria. Este sesgo se complementa con un desinterés estructural por actividades de alto impacto social, agropecuario, enseñanza y transporte de personas, donde la rentabilidad privada es menor pero la rentabilidad social es mayor, lo que deriva en crédito racionado, salarios deprimidos y subinversión territorial.

PROPUESTA

Cumplir lo dispuesto por la Constitución de la República en sus artículos 329, 333 y 339. Combatir los monopolios, monopsonios, oligopolios, carteles y prácticas de acaparamiento y especulación que distorsionan precios y estrangulan la competencia. Fortalecer las capacidades de la autoridad estatal para investigar y desarticular conductas prohibidas por la ley e imponer sanciones administrativas proporcionales al daño y al beneficio ilícito (multas, inhabilitación de directivos, prohibición de contratar con el Estado).

Reformar el Código Penal para establecer tipificación agravada del acaparamiento y la especulación en bienes esenciales (alimentos, medicamentos, energía).

Diagnóstico

Honduras articula una matriz productiva donde la agricultura primaria, la empresa artesanal y la mediana agroindustria se entrelazan en cadenas con alto impacto social y márgenes de mejora evidentes. En el frente agrícola, coexisten rubros líderes de exportación, como el café, con 120 mil familias productoras, 7 millones de quintales en 2024 y un impulso notable de precios en 2025, con granos básicos que exigen balances finos entre oferta interna y compras externas: el maíz (19 millones de quintales y aún con importaciones), el frijol (3.4 millones) y el arroz (840 mil, con importaciones cercanas al millón). Esta realidad convive con brechas de productividad territorial (por ejemplo, en café, rendimientos desde 7 hasta 25 qq/mz) y con cuellos de botella en certificación (solo 14–18 mil productores certificados de 92,400 en el padrón), financiamiento y gestión de riesgos, pese a un saldo de crédito agropecuario de L 90,644 millones en 2024 y la disponibilidad de garantías y seguros.

El componente artesanal sostiene empleo y abastecimiento local, pero opera con escaso acceso a crédito, como en pesca y acuicultura, donde el sector representa ~1 % del PIB y concentra menos del 1 % de los créditos, y alta concentración de mercado en eslabones de acopio y exportación (en café, 580 intermediarios y 10 empresas concentran la mayor parte de las ventas externas).

Del lado de la mediana agroindustria, destacan avances en nichos de mayor valor, como el café diferenciado, que ya supone 52 % de las exportaciones del rubro, y oportunidades claras de encadenar transformación secundaria para sustituir importaciones (en madera, con exportaciones por USD 22.9 millones frente a importaciones por USD 72.7 millones).

En conjunto, el país dispone de base productiva, mano de obra y mercados; la tarea inmediata es cerrar brechas de productividad, formalización y financiamiento, profesionalizar la calidad y la trazabilidad, y usar instrumentos como precios de garantía y compras públicas inteligentes para catalizar inversión, valor agregado y empleo en los territorios.

Una de las razones del poco acceso a financiamiento para los productores agrícolas y las MIPYMEs es la falta de garantías. En Honduras se han desarrollado de forma incipiete instrumentos como garantías y seguros para la producción parciales o muy onerosos cuyos costos y requisitos son de dificil acceso para los productores.

PROPUESTA

Crear el Fondo Hondureño de Garantías e Incentivos Productivos cuyo objetivo es corregir la falta de acceso al crédito y seguros dada la percepción de riesgo por la vulnerabilidad por impactos climáticos o algún otro imponderable que afecte la producción.

Para los micro, pequeños y medianos agroproductores de Honduras poder acceder a asistencia técnica, tecnología avanzada y equipamiento en la agroindustria hondureña es la diferencia entre vender materias primas baratas y colocar alimentos con valor agregado, calidad certificada y mejores precios.

La asistencia técnica mejora prácticas de siembra, riego y manejo integrado de plagas, reduce pérdidas poscosecha y eleva rendimientos; la tecnología desde riego presurizado y secado controlado hasta sensores, trazabilidad digital y frío garantiza inocuidad, homogeneidad y cumplimiento de estándares nacionales e internacionales, claves para exportar.

El equipamiento adecuado en campo y planta (clasificación, molienda, tostado, envasado, cadena de frío) permite procesar en origen, crear empleo formal y retener riqueza en el territorio. Para pequeños productores y MIPYMES, esto se traduce en acceso a crédito y contratos estables, al poder demostrar calidad, volumen y entrega a tiempo. Además, la adopción tecnológica climáticamente inteligente (eficiencia hídrica, energía limpia, suelos sanos) aumenta resiliencia frente a sequías e inundaciones.

PROPUESTA

Crear un Fondo para la Nueva Agroindustria Nacional que apoye la construcción, instalación, equipamiento, puesta en marcha de plantas de procesamiento industrial y artesanal para:

• Procesar alimentos que cubran productos de consumo de primera necesidad como pastas y salsas de tomate, jugos y zumos de frutas y vegetales, lácteos y carnes, con el fin de disminuir las importaciones.
• Elaborar insumos para el envasado, empaquetado, enlatado, impreso de los productos artesanales y agroindustriales a partir de procesamiento y reciclaje del cartón, papel, plásticos; que sustituiría su importación e incentivaría el crecimiento de este tipo de negocios.

PROPUESTA

Crear en la banca pública, líneas de crédito y financiamiento que, en la práctica, funcionen como un seguro a la producción: créditos con desembolsos oportunos y tasas preferenciales, respaldados por garantías estatales y fondos de cobertura que se activan automáticamente ante sequías, inundaciones o derrumbes de precio (gatillos paramétricos por lluvia, caudal, satélite o índices de mercado); períodos de gracia y reestructuración contracíclica sin castigos; y bonos de prima para quienes adopten prácticas climáticamente inteligentes (riego eficiente, suelos vivos, diversificación). Estas líneas incorporarán pagarés de bodega y facturas por cobrar (factoraje) para dar liquidez en cosecha, prepactarán precios piso mediante contratos de compra con agroindustrias y cooperativas, y mezclarán crédito con microseguros y garantías de primer riego para pequeños productores y MIPYMEs. Todo con verificación técnica en campo, reglas anti–moral hazard, trámites simples y trazabilidad digital, de modo que el riesgo no quiebre a la familia productora y el financiamiento sostenga la siembra, la cosecha y el empleo aun en años difíciles.

PROPUESTA

Enlazar campo, taller y mercado con parques de transformación y centros de acopio y frío; maquinaria en leasing y crédito barato; asistencia técnica, diseño y empaque; normas de calidad, metrología, trazabilidad e inocuidad; y certificaciones que abran exportaciones. Impulsaremos marcas colectivas y denominaciones de origen (café, cacao, tabaco, lácteos, miel, madera certificada, pesca), manufactura ligera y metalmecánica para sustituir importaciones, y compras públicas con contenido nacional mínimo para garantizar demanda. Habrá ventanilla única para registros, propiedad intelectual y permisos; logística eficiente (carreteras, puertos, aeropuertos) y una banca de desarrollo que mezcle crédito, garantías y factoraje para capital de trabajo. Cada PYME pasará de vender materia prima a vender productos terminados, mejorando ingresos, empleo formal y la balanza comercial del país.

La balanza comercial de Honduras sigue siendo deficitaria: en 2024 cerró con un saldo negativo de USD 8,593.5 millones (exportaciones por USD 11,047.1 millones e importaciones por USD 19,640.7 millones), y en 2025 el déficit de bienes acumulado a julio fue de USD 4,057.0 millones, ya 633.6 millones menor que un año antes gracias al repunte exportador, en especial del café.

PROPUESTA

Abrir nuevos mercados para colocar productos locales con valor agregado, en consonancia con una política de asistencia técnica y tecnología avanzada, permite ofrecer productos más completos para diversificar destinos, acelerar certificaciones e inocuidad, mejorar logística y financiamiento a exportadores, y usar las compras públicas y la promoción comercial para escalar a pymes y cooperativas.

Más mercados significan más divisas, empleo digno y menor dependencia de importaciones, condiciones clave para ir cerrando el déficit externo de forma sostenible.

Para los productores es imprescindible contar con una red vial que les permita mover sus insumos para la siembra y cosecha y su mercancía para la comercialización de forma continua. Los caminos y accesos deben ser transitables en cualquier época del año, esto es, tener una logística confiable para llegar a mercados, centrales de abasto y puntos de reunión con compradores. Con esa base, la economía local se dinamiza, crece el ingreso familiar y se protege el desarrollo humano en todo el territorio.

PROPUESTA

Desarrollar con las 298 alcaldías municipales, el Programa Nacional de Intervención a Caminos Productivos; fortalecer la red vial productiva para garantizar tránsito y abastecimiento todo el año; integrar desde el diseño políticas de mitigación y adaptación al cambio climático y medidas de gestión del riesgo de desastres en cada obra; y priorizar la formulación, construcción y atención inmediata de infraestructura en zonas focalizadas.

En el período 2022–2024, el Gobierno de la Refundación destinó 1,700 millones de lempiras al Bono Tecnológico Productivo (L 700 millones en 2022 y L 1,000 millones en 2023) para garantizar la seguridad alimentaria de los hogares más pobres, mediante un paquete ejecutado por la SAG/DICTA que incluye 20 lb de semilla de maíz o 40 lb de frijol, fertilizante (urea y fórmula 12-24-12) y un kit fitosanitario.

Durante los años 2022, 2023 y 2024 se entregaron 1,411,728 Bonos Tecnológicos Productivos, con el mismo número de familias beneficiadas.

PROPUESTA 

Aumentar el número de beneficiarios y diversificar el contenido de los Bonos Tecnológicos Productivos conforme la vocación regional de cada uno de los 18 departamentos, con la finalidad de adaptar la oferta de los productores a las demandas de la región y los lugares circunvecinos. Esta propuesta se fortalece con la de caminos productivos que permitirán abaratar costos del transporte de insumos y mercancías.

El Gobierno impulsó un proyecto integral para fortalecer la educación agrícola y capacitación técnica con la ampliación y modernización de escuelas en siete departamentos, cuyo primer fruto fue la puesta en funcionamiento en el Departamento de Comayagua de una escuela equipada con una planta procesadora agroindustrial para hortalizas, lácteos y cárnicos, además de aulas y laboratorios con tecnología de última generación.

PROPUESTA

Instalar y modernizar las seis plantas en los Departamentos de El Paraíso, Valle, Santa Bárbara, Cortés, Atlántida y Gracias a Dios, con el objetivo de brindar formación técnica de alta calidad, elevar la productividad, agregar valor a la producción local y abrir mejores oportunidades de empleo para la juventud rural.

La larga duración de los trámites administrativos es reclamo permanente. La OCDE recomienda crear marcos normativos que sean predecibles, eficientes y adaptables, fomentando así la innovación y el crecimiento económico. Esto se logra mediante la aplicación de políticas basadas en el riesgo, la mejora de la calidad de la regulación y el uso de herramientas para evaluar la efectividad de las inspecciones. Las empresas se benefician al tener una regulación predecible y al seguir las directrices de conducta empresarial responsable, lo que mejora su reputación y reduce costos.

PROPUESTA

Crear la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria para simplificar hasta en un 400% la eficiencia de registro de las empresas en Honduras.

De acuerdo con datos del Banco Central de Honduras y de diversas organizaciones internacionales, las perspectivas para las manufacturas y ensamblajes en Centroamérica son positivas, pues están impulsadas por la tendencia de nearshoring, especialmente en cuanto a la producción de piezas automotrices y textiles. Para los próximos tres años, se espera un crecimiento en la actividad de maquila y exportaciones, apoyado en el auge del comercio electrónico en prendas de vestir y la diversificación de productos como ropa deportiva y formal. Además, existe un potencial de desarrollo en el sector tecnológico, como la manufactura de semiconductores, y en la inversión en energías renovables dentro de los procesos productivos.

En el caso de Honduras su posición geoestratégica (con dos salidas los océanos continentales), le permite ser un receptor natural de la industria de manufactura de autopartes y otros componentes industriales, que aparejado a una estrategia de mega inversiones en infraestructura carretera, resulta ser mucho más barato para las grandes empresas automotrices invertir en Honduras que en otras partes del mundo.

PROPUESTA

Promover y promocionar a Honduras y sus condiciones integrales para la inversión: carreteras, energía, recurso humano, capacitación, nivel de educación, salud y seguridad jurídica.

Los Polos de Desarrollo Productivo son una forma de dinamizar la economía con sentido de justicia territorial, cada uno con una vocación productiva clara y anclajes públicos que atraigan inversión privada mediante parques de transformación con estándares ambientales, centros de formación dual y  seguridad ciudadana.

1. Occidente: Copán-Ocotepeque

Situado en el punto trifinio donde convergen Honduras, El Salvador y Guatemala, con ventaja geográfica en el comercio regional y las vías de comunicación con la zona norte del país, orientada a la exportación. Las carreteras hacia Cucuyagua y la CA-4 son importantes vías de comunicación y transportación de bienes y mercancías, destacando la cercanía con los valles de Sensenti, Copán y Cucuyagua.

En términos productivos, esta zona es tradicionalmente cafetalera con aproximadamente más de 15,000 familias productoras registradas, con elevados niveles de productividad, concentrando más de 90 mil manzanas de café cultivadas en la zona, de acuerdo con cifras de la cosecha 2023 del Instituto Hondureño del Café (IHCAFE), con aproximadamente 17 empresas exportadoras, representando el 27 % de la producción nacional y concentrando más del 50 % del café exportado. Asimismo, solo en Copán se estima un movimiento de alrededor de L 2,900 millones en ventas internas y L 2,000 millones en exportaciones de café, según datos del Servicio de Administración de Rentas (SAR) distribuido en 149 empresas.

En esta zona existe producción de hortalizas por su clima templado (cebolla, papa, repollo, tomate, chile, entre otros) en municipios como San Marcos, La Labor y Belén Gualcho. Para el caso, en el año 2019 la producción de tomate fue de 104,993 toneladas métricas para consumo interno y exportando 61,949 toneladas métricas, mientras la cebolla su producción cubre únicamente el 56% de la demanda interna. Finalmente, con respecto a la producción de leche y carne se identificó al menos 248 fincas de ganado doble propósito y 158 fincas de ganado de leche en estos dos departamentos. En la zona operan cinco Centros de Enfriamiento y Recolección de Leche (CREL).

PROPUESTA

1. Invertir en el fortalecimiento de la cadena de café y las capacidades de exportación.
2. Establecer un parque agroindustrial en la zona para el procesamiento de diversos productos agrícolas.

1. Centro-occidente: Intibucá, Comayagua, La Paz

Representa potencialidades para establecer industrias e incrementar la producción agrícola y agroindustrial. Se sitúa en la intersección de corredores viales clave: la Carretera CA-5 y el Canal Seco en conjunto con el Aeropuerto Internacional de Palmerola, por lo cual facilita la conexión entre la zona sur, el centro del país y la zona norte, con potencial de facilitar el traslado de mercancías. Además, en la zona existen los valles de Comayagua y Otoro, así como capacidades instaladas en sistemas de riego y agricultura tecnificada.

En esta zona se encuentran registradas 27,000 familias productoras de café con más de 15 empresas exportadoras, concentrando el 30 % de la producción nacional. Sin embargo, la comercialización se produce en el 12 % del café se prepara para exportar en Marcala, el 4.5 % en Comayagua y el 83.3 % en San Pedro Sula. Además, apenas el 25 % de los productores del país están organizados cooperativas o estructuras organizativas. De igual manera, 80 % de los pequeños productores del país venden su café a intermediarios locales, principalmente como proceso húmedo o como uva debido a la falta de capacidad técnica, espacio y recursos disponibles para procesar el café en seco.

Esta zona en 2024 representó el 15 % de las exportaciones de mercancías generales ($124.7 millones). A esto se suman $ 132 millones en exportaciones agroindustriales de vegetales congelados y en conserva, como chile jalapeño, camote, yuca y pastas de tomate. Se destaca que en Comayagua existen ocho empresas constituidas en hortalizas orientadas más a las ventas locales en aproximadamente L 800 millones, mientras en La Paz se ubican tres que exportan por valores aproximados en L 140 millones. De la misma forma, el Valle de Comayagua integra cultivos como chiles, cebollas, vegetales asiáticos, frutos como mangos, entre otros. Por su parte, dicha zona tiene una producción moderada de maíz y frijol, con aproximadamente 200 mil quintales de frijol y 600 mil de maíz.

PROPUESTA

1. Crear un parque agroindustrial y manufacturero para instalar más plantas agro-procesadoras para mercado interno y exportación.
2. Crear un centro de acopio, refrigeración y almacenamiento para lácteos procesados.
3. Apoyar las cooperativas para que desarrollen plantas o centros de secado para el café.  Según datos de la OIT, unos 60 exportadores, 135 cooperativas y 580 intermediarios grandes y medianos participan en el procesamiento en seco.
4. Crear industrias secundarias de transformación del pino en Intibucá.

1. Oriental: El Paraíso-Olancho

Esta zona se ha constituido como un potencial sector para el desarrollo agroindustrial del país, por el denominado “Corredor Agrícola”, con inversiones en carreteras e infraestructura. Olancho y El Paraíso son altamente reconocidas como zonas con una significativa producción de maíz y frijol, con aproximadamente 480 mil y más de 1 millón de quintales respectivamente.  Ambos departamentos representan más del 25 % de la producción nacional y se han establecido 311 cajas rurales.

Olancho tiene más de 2,700 fincas de ganado doble propósito y 158 fincas de ganado de leche. Por su parte, se encuentran 10 CREL establecidos en San Esteban, Juticalpa, San Francisco de Becerra y Gualaco.

En El Paraíso la producción cafetalera destaca en más de 13 mil productores con una producción de 536 mil quintales de café, lo que representa un 8 % de la producción nacional, pero con baja productividad.

La extracción de madera de pino con industrias primarias y secundarias, registran más de 440 mil hectáreas de bosque de pino.

PROPUESTA

1. Crear un parque agroindustrial para el procesamiento de granos básicos, lácteos, fertilizantes, carnes.
2. Fortalecer las industrias de la leche y la carne para el mercado nacional y exportación.
3. Establecer un plan para el mejoramiento de la producción del café y su transformación.
4. Construir una planta industrial para la transformación de la madera en Olancho.

1. Yoro

Presenta un significativo potencial para el desarrollo agroindustrial, ya que se encuentran importantes valles como Yoro, Aguán y Olomán. Sin embargo, es un área con limitaciones de infraestructura vial. Mientras El Progreso recibe importante actividad comercial e industrial, el resto de los municipios enfrentan dificultades en presencia de industrias y corredores logísticos.

Yoro es relevante productor de maíz y frijol, con aproximadamente 288 mil y 147 mil quintales de producción respectivamente. 742 fincas de ganado doble propósito y 541 de leche, concentrándose en su mayoría en los municipios de Olanchito y Yoro. La compra y procesamiento de la leche ocurre en 35 CREL. El potencial forestal se destaca con más de 120 mil hectáreas de bosque de pino, pero sin ninguna industria secundaria, ya que la mayoría de ellas se concentran en el departamento de Cortés.

PROPUESTA

1. Crear un parque agroindustrial dedicado al procesamiento de granos básicos y procesamiento lácteo.
2. Establecer un centro de desarrollo de industria de la madera en Yoro.

1. Santa Bárbara

Gracias a su proximidad con centros industriales en Cortés y a la existencia de valles productivos como los de Naco y Quimistán, este departamento posee un especial potencial para el desarrollo industrial y agrícola. Santa Bárbara es un relevante productor de maíz, aproximadamente 400 mil quintales y 82 mil quintales de frijol. También, en la zona se producen bananos, frutales, ciertas hortalizas y tubérculos como el camote. En la zona existen aproximadamente 15, 000 productores de café con una producción de 500 mil quintales, con al menos cinco exportadoras y más de 90 intermediarios.

El departamento ya tiene una consolidación industrial con cuatro empresas en el sector de arneses, con ventas locales de más de L 200 millones y exportaciones por el valor aproximado de L 15,000 millones y pequeñas empresas dedicadas al sector de plástico y cartón. Adicionalmente, se encuentran 19 empresas textiles con ventas locales por aproximadamente L 1,500 millones y exportaciones por un monto de L 2,500 millones.

PROPUESTA

1. Ampliar la creación de parques industriales más especializados en automotriz, procesamiento de cartón y plástico y textiles.
2. Fortalecer la inversión en beneficios de café para cooperativas de pequeños productores.

1. Atlántida-Colón

Estos dos departamentos concentran parte del corredor turístico de la zona norte del país, con acceso a valles productivos como el de Leán y el Aguán.  La producción agrícola está ligada a cultivos como cítricos, bananos, hortalizas, frutales, tubérculos y granos básicos. Esta zona es clave para el desarrollo de la palma africana.  Para el año 2023 la producción respecto al aceite de palma fue de 525,000 de toneladas métricas (TM). De igual manera, la zona ha sido conocida como un potencial espacio para el desarrollo del cultivo de la tilapia para la exportación. Se destacan 1941 fincas de ganado doble propósito y 1051 de leche y 61 CREL, concentrándose en los municipios de Jutiapa, Bonito Oriental, Sonaguera y Trujillo.

PROPUESTA

1. Crear un parque agroindustrial para promover el desarrollo palma y procesamiento de alimentos.
2. Fortalecer la industria de la leche y sus derivados

1. Sur Choluteca-Valle

En el Golfo de Fonseca, la economía productiva se sostiene principalmente en dos rubros de exportación: camarón y melón (5to y 6to en importancia). Para 2024 las exportaciones de melón y sandía fueron de aproximadamente 100 millones de dólares; mientras de camarones y langosta fueron de 295 millones de dólares.  El cultivo de camarón abarca 37,012 hectáreas, mientras que melones y sandías ocupan 7,805 hectáreas (11,150 manzanas), que generan el 80% de la producción nacional, alcanzando en abril de 2025 unos 137,408 kilos. A estos se suman otros cultivos con potencial de industrialización como el marañón, con 2,170 hectáreas y 22,500 quintales producidos; la okra, con 420 hectáreas y 26 mil toneladas en 2017; y la caña de azúcar, con 16,424 hectáreas solo en Choluteca, donde dos ingenios procesan hasta 12,500 toneladas diarias. Hay opción para diversificar con arroz, tomate, cebolla, ajonjolí, cacahuate, camote, pepino, chile dulce y mango.

Entre estos dos departamentos funcionan cuatro importantes aduanas. Tres terrestres: Guasaule y La Fraternidad, en el departamento de Choluteca, y El Amatillo, en el caso de Valle; junto a sus dos aduanas marítimas: Puerto de Amapala y Puerto de Henecán.

PROPUESTA

1. Crear parques agroindustriales para hortofrutícola con capital público y apoyo para PYMES nacionales (melón, sandía, tomate, chile, cebolla, okra)
2. Establecer programas de diversificación productiva agrícola en la zona y agregación de valor a mercados a productos hortícolas, semillas y frutas.

1. Islas de la Bahía

Esta región representa al departamento insular del país, el cual tiene un perfil económico particular ya que está fuertemente condicionado por la actividad turística y de servicios. Más del 90 % de su fuerza laboral se desempeña en hoteles, restaurantes, transporte, construcción y otros servicios asociados.

En Roatán, se localizan las principales plantas de procesamiento de productos pesqueros, especialmente mariscos y pescado fresco, así como almacenes de hielo y terminales portuarias utilizadas tanto para actividades turísticas como para el comercio exterior, particularmente con La Ceiba y Estados Unidos.

La isla de Útila presenta un patrón económico centrado en el turismo de buceo y hospedaje; José Santos Guardiola, aunque con menor volumen turístico, es territorio de residencia y producción auxiliar para Roatán; y la isla de Guanaja posee diversas actividades turísticas, pesqueras y agrícolas.

El departamento posee una dinámica más importadora destacandose los combustibles, generadores de energía, automóviles para diferentes usos, repuestos de diferentes maquinarias y alimentos.

Las exportaciones son principalmente de mariscos, reflejando un aporte cercano al 92%. El comercio al por mayor y al menor representa el 38.1% seguido de las actividades de alojamiento y servicio de comidas con un 16.9%, y otras actividades de servicios con 9.6%; el suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado con un 7.9%.

PROPUESTA

1. Inversión pública en infraestructura logística para la zona insular enfocada en desarrollo sostenible.
2. Inversión en plantas de procesamiento de mariscos y pescados  para los pequeños y medianos pescadores.

Honduras mantiene una subutilización de su riqueza cultural, histórica y arqueológica, lo que limita el potencial del turismo como motor de desarrollo regional. En 2024, el ingreso de divisas por turismo fue de USD 714 millones equivalente a la quinta fuente de divisas del país, por debajo de las remesas, la maquila, las exportaciones de café y la reinversión de utilidades de la IED, a pesar de que la actividad de hoteles y restaurantes apenas supera los USD 1,300 millones (3.7% del PIB).

PROPUESTA

Para que Honduras se acerque al 10% de su PIB por ingreso turístico se propone regionalizar las actividades turísticas a partir de 4 nuevas rutas turísticas con más visitantes y estadía más larga.

1. Ruta Morazánica — Francisco Morazán, corredor hacia Texiguat. Hacer del legado de Morazán una experiencia cívica, histórica y creativa.
2. Ruta Costera Garífuna — Litoral norte (de Cusuna a Santa Fe). Reconocer la grandeza del pueblo garífuna como portador vivo de cultura afroindígena.
3. Ruta del Golfo — Zona sur con enfoque en Amapala. Corredor de movilidad limpia, gastronomía y paisaje volcánico.
4. Ruta Misquita — Desarrollo con licencia social (La Mosquitia). Inversiones en canales pluviales y aeropuerto. Conectar sin depredar y transformar paisaje en ingreso con identidad.

El Gran Museo Maya. Crear el Gran Museo Maya el más grande de la región mesoamericana, que incluye la exhibición y estudio de más de 30,000 piezas, creando el ecosistema de la cultura maya más importante de la región.

Todos los Estados modernos conservan el control de sus recursos estratégicos, cumpliendo con los cuatro criterios diferenciadores del resto de bienes económicos: 

1. Son irremplazables o de sustitución costosa 
2. Concentran poder estructural 
3. Generan externalidades sistémicas positivas o negativas y 
4. Tienen riesgos de irreversibilidad y asimetría de información

Declararlos estratégicos, es una prioridad de seguridad nacional y social para proteger a la población de crisis como la escasez, la alza desmesurada de precios, la corrupción y captura privada del interés público.

Honduras, con una extensión territorial de 112,777 km², vio durante la narco dictadura el intento de privatizar partes de su territorio mediante las ZEDES; esa herencia hoy deriva en un arbitraje internacional de enorme envergadura contra el Estado, vinculado a la ZEDE Próspera, con una reclamación superior a los 10,700 millones de dólares, considerada entre las más cuantiosas en la historia del CIADI y que en este momento, gracias al litigio estratégico del Estado ha disminuido en un 85%.

PROPUESTA

Continuaremos defendiendo la integridad del territorio, su uso y explotación racional. Combatiremos legalmente las ZEDES y otras concesiones violatorias de la Constitución y los Tratados Internacionales. Ni un paso atrás ante los filibusteros del Siglo XXI y saqueadores que intentan arrebatarnos nuestro territorio.

Poseemos una Zona Económica Exclusiva de 226,955 km² y 650 km de costa caribeña que forman parte del Gran Ecosistema Marino del Caribe y resguardan el segundo sistema de arrecifes de coral más grande del mundo. En esas aguas conviven alrededor de 194 especies de peces y 573 especies de invertebrados y urocordados: es alimento para nuestras niñas y niños, ciencia para nuestras universidades, trabajo para nuestras comunidades costeras y orgullo para toda la República. La integridad del territorio marítimo se ha visto afectada por litigios internacionales contra países vecinos, mismos que no fueron atendidos durante la Dictadura y lo ponen en peligro. 

PROPUESTA

Economía azul. Proponemos una regulación basada en la sostenibilidad de la explotación del territorio marítimo y una correcta supervisión de su aplicación. La instalación de batallones azules para salvaguardar la protección ecológica y la integridad territorial de nuestros mares. Reforzar el litigio internacional ante la Corte de la Haya relacionada con límites territoriales marítimos. No ceder ni un centímetro de nuestros mares. 

Desde el socialismo democrático afirmamos una idea sencilla y profunda: el mar es bien común; administrarlo con justicia social y conocimiento puede convertirse en una palanca real contra la pobreza.

Honduras cuenta con una base forestal amplia y estratégica: la zona forestal abarca el 51% del territorio y existe una vocación forestal del 75%, de la cual alrededor de 3.3 millones de hectáreas son susceptibles de aprovechamiento. Pese a esta disponibilidad de recursos, el desempeño comercial del sector evidencia un margen importante para crecer y sustituir importaciones. En 2024, las exportaciones de madera sumaron USD 22.9 millones, mientras que las importaciones alcanzaron USD 72.7 millones.

PROPUESTA

Defensa y gestión de los bosques bajo un modelo de desarrollo sostenible que impulse la restauración ecológica, productiva y la justicia ambiental, garantizando la equidad en la distribución de beneficios.

Impulsar una política de industrialización forestal.

Ejecutar acciones para terminar con la inseguridad jurídica y combatir el tráfico y comercialización ilegal de madera.

Desde el Gobierno del Poder Ciudadano en el año 2008, se inició la búsqueda de oportunidades de explotación de los yacimientos petrolíferos de la cuenca marítima de Honduras. 

Hoy en el 2025, Honduras se acerca a una fase clave de exploración en la zona de La Mosquitia: Existe la posibilidad real de hallar hidrocarburos, pero se espera la confirmación que depende de los resultados del primer pozo exploratorio y de estudios técnicos de viabilidad. 

PROPUESTA

Crear la Empresa Pública Petróleos de Honduras (HONDUPETROL) con personalidad jurídica y patrimonio propio para dirigir las políticas públicas en materia de explotación de hidrocarburos. El petróleo es un recurso estratégico de Honduras. 

El sector de minas y canteras aportó apenas 0.5% del PIB en 2023; en 2024 existían 225 derechos mineros en etapas de exploración o explotación, desde gran escala hasta pequeña y artesanal, con exportaciones por US$61.2 millones y alrededor de 17,580 empleos, concentrándose la minería metálica en zonas montañosas del centro y occidente y en las cuencas de los ríos Guayape, Patuca y Sico, con departamentos clave como Olancho, El Paraíso, Choluteca y Santa Bárbara, y una alta concentración del 37.2% de las hectáreas concesionadas en seis empresas (una de ellas con seis concesiones en explotación).  

PROPUESTA

Para elevar la captura de valor y ordenar el sector, se propone fundar la Empresa Nacional de la Industria de la Minería como recurso estratégico del Estado; construir plantas siderúrgicas para transformar el mineral de hierro, instalar refinerías de oro para incrementar el valor de las exportaciones; crear una Reserva Nacional de Oro como respaldo financiero y estratégico; diseñar certificaciones de origen y calidad, especialmente para gemas; y fomentar la certificación internacional (CRAFT, FAIRTRADE) de la minería artesanal y en pequeña escala (MAPE) mediante cooperativas, facilitando la exportación directa con valor agregado.

Se fortalecerán los entes públicos de regulación y supervisión.

Mi gobierno protegerá la propiedad privada, en los términos constitucionales previstos, promoviendo la regularización de la tierra ejidal, nacional, privada y comunal.

PROPUESTA

Generar un amplio programa nacional de regularización de la tenencia de la tierra y su uso, con la finalidad de que los títulos de la tierra tengan el reconocimiento del Estado.

Actualizar la cartografía de la propiedad. El orden y el respeto en materia de propiedad es fundamental para el Estado hondureño.

La reforma agraria, la productividad de la tierra y los derechos de los campesinos y trabajadores rurales serán base fundamental dentro de mi plan de gobierno.

Vamos a levantar ese velo de olvido con el que el neoliberalismo trató a quien debía servir por mandato de la Constitución, al Pueblo. Lo haremos con respeto, con dignidad y con transparencia.

Hoy, para miles de jóvenes, estudiar parece un lujo. Los créditos educativos ni siquiera se reconocen como productivos o de desarrollo y esa barrera financiera se constituye en falta de oportunidades. Apenas 711,000 hondureñas y hondureños, cerca del 10% de la población en edad de trabajar, alcanzaron estudios superiores; 1.5 millones tienen educación media; alrededor de 4 millones cuentan con educación básica; y 730,000 no tuvieron acceso a estudios de ningún tipo.

PROPUESTA

Desarrollo de un programa de becas universales por L4,300 millones anuales que cubra: alimentación, alojamiento, libros y materiales, y transporte para jóvenes que carecen de recursos, egresados del sistema público de bachillerato; y para jóvenes con estudios de media inconclusos o concluidos, que deseen formarse en la educación técnico-profesional.

La meta es sencilla y profundamente humana. Al aliviar los costos que hoy expulsan a tantos del aula y al reconocer que educarse es, en los hechos, la inversión más productiva para la familia y para el país, estas becas convertirán talento en oportunidades reales, impulsarán el empleo y abrirán a cada hondureño un camino digno para construir su proyecto de vida.

Honduras atraviesa un proceso de reforma curricular que, aunque reconoce vacíos históricos y busca actualizar contenidos, aún arrastra inercias que subordinan la escuela a las urgencias del mercado. 

PROPUESTA

Impulsaremos una reforma curricular integral que desmonte el enfoque neoliberal y utilitarista, ese que reduce a las y los estudiantes a “capital humano” y a la escuela a proveedor de mano de obra barata y transite hacia un modelo humanista, solidario, democrático y ecológico, que forme personas libres, críticas, que articule ciencia y arte con el territorio, y que niñas, niños y jóvenes sean capaces de trabajar con otros, transformar su realidad y cuidar la vida sin destruirla.

Lo dije en la UNAH con el sector de artistas: “Creo que el arte, la cultura, la ciencia, la música y la poesía deben ser un oficio de Estado, en todas las áreas y secretarías, con esa sensibilidad de remover las fibras de lo más profundo del ser humano.” Y reafirmo: “El arte, la música y la poesía son más que expresiones, son camino y conciencia y deben ser responsabilidad del Estado, no de una sola Secretaría. Generar cultura es reafirmar identidad, memoria e ideología. Un país que pone la cultura en el centro es un país que asegura su futuro”.

PROPUESTA

En mi gobierno la cultura será un Derecho Humano, transversal en todas las instituciones, con presupuestos etiquetados y participación comunitaria. Defenderemos el patrimonio material e inmaterial, abriremos casas de cultura y laboratorios de creación literaria, así como bibliotecas, fuerte impulso a la lectura y a la publicación de autores hondureños.

La formación técnica en Honduras debe responder a la economía real. Existe una brecha persistente entre lo que enseñan los centros y lo que demandan las empresas; planes de estudio desactualizados, talleres sin equipamiento moderno y poca vinculación con prácticas en planta dejan a la juventud sin experiencia verificable ni certificaciones reconocidas. La oferta está centralizada y fragmentada, con duplicidades institucionales y trámites lentos, mientras faltan estándares nacionales de competencias, actualización docente y un sistema que garantice seguridad ocupacional y cobertura de riesgos para aprendices. A ello se suman barreras de acceso para mujeres y jóvenes rurales, ausencia de rutas hacia el emprendimiento (crédito, compras públicas, incubación) y el estigma de considerar la educación técnica como “segunda opción”. El resultado es una economía con alta informalidad, baja productividad y salarios estancados; cadenas de valor incompletas que exportan materia prima e importan valor agregado; y una parte del talento juvenil migrando o subempleado, cuando debería estar impulsando la transformación productiva del país.

PROPUESTA

Replantear y modernizar el INFOP y centros regionales, con currículos renovados y ajustados a las vocaciones locales. El Estado debe certificar competencias transferibles entre regiones y sectores. La formación técnica también será vía de emprendimiento. 

Convertir el INFOP en la columna vertebral del empleo joven: formación pertinente, trabajo digno y crédito justo en todo el país. Educación Técnica hacia la formalidad, productividad y movilidad social para las familias hondureñas.

Heredamos una red escolar marcada por años de abandono. De un universo de 12,500 centros educativos, 6,500 aún presentan daños estructurales o carecen de condiciones básicas para enseñar y aprender con dignidad. En cientos de escuelas falta agua potable y saneamiento; los techos y sistemas eléctricos son inseguros; no hay cercos, rampas ni baños accesibles; escasean aulas, talleres, laboratorios y espacios de lectura; la conectividad es nula o intermitente; y las cocinas escolares operan sin equipamiento adecuado. A esto se suma la dispersión rural, obras inconclusas, mantenimiento correctivo en lugar de preventivo, y prácticas opacas heredadas que encarecieron sin resolver. El resultado es visible en el aula, ausentismo por enfermedades prevenibles, riesgo para niñas y niños, pérdida de horas clase por lluvias o calor extremo, y una escuela que, en muchos barrios y aldeas, dejó de ser el corazón de la comunidad. 

El cambio climático agrava la vulnerabilidad: inundaciones, vientos y olas de calor afectan techos, muros y mobiliario; escuelas ubicadas en zonas de riesgo que se inhabilitan y pasan a ser refugios. Se requiere intervenir con estándares de seguridad y resiliencia (agua y saneamiento, estructuras antisísmicas, techos térmicos y ventilación, energía solar, accesibilidad universal), gestión transparente y participación comunitaria. 

Reconstruir los 6,500 centros restantes es, por tanto, una política de equidad territorial y de protección a la infancia. Donde se levanta una escuela completa y segura, se levanta también la oportunidad de aprender, alimentarse mejor y vivir con dignidad.

PROPUESTA

Continuaremos con la reconstrucción de los 6,500 Centros Educativos restantes hasta llegar a un total de 12,500 mismos que fueron abandonados durante doce años y siete meses por la dictadura postgolpe de Estado.

Debemos reconocer la enorme asimetría entre la población del país dada su extensión territorial y sus condiciones extremas económicas, políticas y sociales. No puede haber una política única en materia de ciencia y tecnología, mientras una empresa de agroindustria en San Pedro Sula necesita inteligencia artificial para maximizar sus ganancias, un productor de café en Copán no sabe cómo luchar contra la roya. 

PROPUESTA

Impulsar el avance tecnológico sectorizado, vinculado a las necesidades de cada una de las poblaciones. El esfuerzo del Estado será el mismo pero las oportunidades serán diferenciadas para responder exactamente a las condiciones de cada región, sector productivo y social.

La salud es un bien público y un derecho humano inseparable del derecho a la vida. En un Estado social y democrático, el deber del Gobierno es garantizarla con igualdad, calidad y cercanía como ya se está haciendo.

El Gobierno inició la construcción de ocho hospitales en Tocoa, Choluteca, San Pedro Sula, La Esperanza, Santa Bárbara, Salamá, Ocotepeque y Roatán; se avanzó en cinco centros de atención y cuidados neonatales y en un Centro de Atención Oncológico, único en su tipo en Honduras. Se inauguró un centro de tratamiento de adicciones para abordar con ciencia y dignidad una urgencia silenciosa. Entre 2022 y junio de 2025, la inversión es de L 36,345 millones en beneficio de la salud del pueblo hondureño.

Se han rehabilitado 42 centros de salud, llevando consulta, laboratorio y medicamentos a comunidades rurales históricamente desatendidas y está en marcha el Programa de Medicamentos en Casa, que hoy beneficia a más de 18,000 personas en Tegucigalpa, entregando medicamentos a pacientes crónicos a domicilio. El abastecimiento de fármacos en la red pública alcanzó el 90% de cobertura.

La siguiente etapa es profundizar la reforma para consolidar salud universal y gratuita.

El desequilibrio en las finanzas para gasto social producido por el neoliberalismo a lo largo de dos décadas acentuado por la narcodictadura llevó a la ruina la infraestructura hospitalaria y generó un déficit de operadores del sistema sanitario. De 21,000 médicos titulados que existen con registro oficial, 11,000 no tienen empleo fijo o se encuentran sub-empleados, esto es, hay un 50% de médicos sin plaza estable y paradójicamente muchos centros de salud sin médico. La distribución territorial desigual castiga a los lugares más alejados de los centros poblacionales que tienen menos acceso a servicios médicos y que son los de mayor rezago, especialmente a comunidades indígenas, afrodescendientes y habitantes de zonas dispersas donde la distancia se convierte en enfermedad. 

PROPUESTA

La salud es un derecho, la prevención es su primera garantía. Abrir una plaza para cada médico que desee servir en cualquier punto del país, comenzando por los barrios y aldeas con mayor rezago. 

En los primeros 12 meses contaremos con cobertura de un equipo de atención primaria por cada municipio y por cada 1,500–2,000 familias, con 100% de escuelas visitadas al menos dos veces al año y control efectivo de las principales enfermedades crónicas en el primer nivel.

En el campo científico sanitario, después de décadas sin inversión directa en infraestructura científica de alto nivel, el Gobierno del Poder Popular, ha creado el Laboratorio Nacional de Moléculas Biológicas, Genética y Prototipos de Salud ubicado en Quimistán, Santa Bárbara. Una apuesta por la generación de conocimiento científico, la transferencia de tecnología para transitar en el camino hacia la autosuficiencia médica.

PROPUESTA 

Continuaremos con el desarrollo de esta mega obra estratégica que busca revolucionar el modelo sanitario: producir localmente medicamentos y reactivos, realizar diagnósticos moleculares de última generación y desarrollar capacidades farmacéuticas propias, reduciendo la dependencia del extranjero y acortando tiempos de respuesta ante brotes y emergencias. Al fortalecer el sistema con investigación biomédica avanzada, diseño de prototipos y fabricación de compuestos esenciales, el país abrirá el acceso a tratamientos modernos y seguros para más familias.

Aunque Honduras ha dado pasos relevantes para garantizar los derechos de la niñez, entre los que podemos destacar la Ley de Alimentación Escolar; creación de la Secretaría de Derechos Humanos y del INAMI; aprobación de políticas en educación inclusiva, seguridad alimentaria y primera infancia; y acreditación de más de 20 hospitales públicos con área materno-infantil;  persisten brechas estructurales en educación, en protección, embarazo adolescente; niñas viviendo en instituciones de cuidados de menores y un 40.6% entre 5 y 17 años, trabaja.

En salud y nutrición, solo 50% de la población infantil accede a agua potable segura y 35% de escuelas no tiene agua; la cobertura de vacunación es del 75%, 19% de menores de 5 años presentan retraso en crecimiento, 36% con anemia. Aunque la mortalidad infantil cayó de 34 a 17 por 1,000 nacidos vivos, la magnitud de las carencias exige transformaciones aceleradas.

PROPUESTA

Atención universal en vacunas, nutrición, estimulación temprana y medicina preventiva en el 100% de los niños para garantizar su salud integral.

Financiamiento público y supervisión para guarderías infantiles.

La salud mental es una prioridad y forma parte de la salud integral. Es inseparable del derecho a la vida y, por tanto, un deber irrenunciable del Estado. Las cifras nos muestran que entre 2014 y 2024 perdimos 4,041 vidas por suicidio, 30 cada mes, una cada 24 horas; solo en 2024 fueron 387 (307 hombres y 80 mujeres).

Hoy, el acceso es limitado y el sistema carga una deuda histórica: la Región Metropolitana reporta un psicólogo por cada 92,400 habitantes; el 71% de las atenciones es para adultos y apenas el 29% para niñas, niños y adolescentes; 64% de las consultas las solicitan mujeres y 36% hombres; predominan trastornos neuróticos, de ánimo, violencia y abuso. A esto se suman los factores que alimentan el malestar: pobreza, violencia, desempleo y la tensión social por el retorno de migrantes. Y solo 1.75% del presupuesto de la Secretaría de Salud se asigna a centros psiquiátricos.

PROPUESTA

Integrar la salud mental al corazón del sistema, del primer nivel hacia arriba. Cada municipio contará con equipos de salud mental comunitaria, psicología, trabajo social, enfermería especializada y enlace médico, anclados a sus centros de salud, con enfoque familiar y comunitario: prevención, detección temprana, tratamiento y rehabilitación cerca de casa.

La salud mental estará cubierta en nuestros centros de salud: consulta gratuita, psicoterapia y medicamentos esenciales sin pago y entrega domiciliaria para casos crónicos o de movilidad limitada.

Triplicaremos la fuerza laboral en salud mental en cuatro años: contratación estable, incentivos para zonas de difícil acceso, becas de especialización condicionadas al servicio público y formación continua.

Ampliar la red de psiquiatría comunitaria y habilitar terapeutas y promotores con competencias certificadas.

Haremos de la salud mental una política de dignidad, sin estigma. Menos muertes por suicidio, más acceso temprano, cobertura efectiva para infancia y adolescencia, y tratamientos a tiempo.

La inversión en infraestructura sanitaria ya muestra un cambio de época. 

PROPUESTA 

Conclusión y equipamiento total de la red hospitalaria, incluidos hospitales de especialidad. 

Remodelación y equipamiento integral del Hospital Escuela en Tegucigalpa.

La inversión en infraestructura sanitaria ya muestra un cambio de época.

PROPUESTA 

Conclusión y equipamiento total de la red hospitalaria, incluidos hospitales de especialidad.

Remodelación y equipamiento integral del Hospital Escuela en Tegucigalpa.

El acceso a vivienda depende casi por completo de que existan fondos de segundo piso de BANHPROVI; cuando no hay, los bancos prestan con recursos propios a tasas caras que suelen superar el 14% y pueden llegar hasta el 30%. 

La vivienda social con aporte estatal y redescuentos apenas representa el 2% de la cartera y paga, en promedio, 11%, pero muchas familias son inducidas a creer que recibirán esos fondos de BANHPROVI y, al final, terminan firmando créditos con dinero propio de los bancos a tasas mucho más altas. El resultado es un mercado hipotecario excluyente y volátil, donde el costo del crédito se dispara en ausencia de fondeo público y la promesa de vivienda asequible se diluye en letras pequeñas.

PROPUESTA  

Un programa de vivienda con una inversión total de L17,000 millones, para abaratar el crédito, ampliar la oferta y mejorar la calidad. 

Créditos subsidiados para la adquisición de vivienda nueva y usada a través de BANHPROVI. 

Integrar a pequeñas empresas y cooperativas locales en el desarrollo de unidades habitacionales. 

Mejoras de techos, pisos y servicios públicos de por lo menos 300 mil hogares, priorizando barrios y aldeas con mayor rezago.

Somos una nación pluricultural y multiétnica cuyos pueblos originarios y afrodescendientes son sinónimo de resistencia, en las condiciones más adversas han mantenido y honrado su identidad, lengua, usos y costumbres. 

Además, las cifras disponibles muestran su peso demográfico: Lenca (453,672), Miskito (80,007), Garífuna (43,111), Maya ch’ortí (33,256), Tolupán (19,033), negro de habla inglesa (12,337), Nahua (6,339), Pech (6,024) y Tawahka (2,690), con una marcada residencia rural: 76.88% de la población indígena y afrohondureña vive fuera de las ciudades. Estos datos subrayan que promover derechos, lengua y territorio, del arrecife garífuna a las montañas lencas, no es solo memoria: es desarrollo con identidad y justicia.

PROPUESTA:

Impulsar el programa “Nuestras raíces” con acciones afirmativas en materia económica, de educación, salud y desarrollo social; recuperación de lenguas (oral y escrita) y elevarlas a la categoría de idiomas oficiales; impulso a la gastronomía originaria y conservación del arte y música así como el reconocimiento de sus expresiones artísticas como Patrimonio Cultural de Honduras y no artesanía. 

Promover la organización y creación de empresas artesanales con capital semilla, acceso a capacitación y acompañamiento comercial.

Reconocer títulos de propiedad ancestrales y comunitarios a través del programa de titulación y de regularización de la propiedad originaria, particularmente la posesión ancestral y la titulación como cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Declaración y protección de la artesanía y la creación artística hondureña originaria, técnicas, diseños, materiales y saberes de nuestros pueblos y su elevación a la categoría de patrimonio cultural vivo, protegido y cuidado.

Nuestros migrantes son generadores de riqueza y actores centrales de la economía nacional. En 2024 enviaron más de US$9,000 millones (25% del PIB), y forman una diáspora de 1.7 millones de hondureñas y hondureños en Estados Unidos, España, México y otros países. 

Migrar no será la única salida y quedarse será sinónimo de oportunidades. Nuestras y nuestros migrantes son generadores de riqueza; el Estado estará a su altura, protegiéndolos afuera, acompañando a sus familias aquí y convirtiendo su esfuerzo en desarrollo para toda la República.

El Gobierno atiende la problemática a través del Consejo Nacional de Gobernanza Migratoria, la Emergencia Nacional Migratoria y Hermano, Hermana, Vuelve a Casa; el resultado es una caída de retornos de 88,575 en 2022 a una proyección de 34,600 en 2025. En el exterior, se activó el Fondo de Solidaridad con el Migrante, el Protocolo de Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas y un acuerdo con Guatemala para traslados seguros de niñez no acompañada. 

PROPUESTA

Ampliar y financiar a plenitud los programas vigentes para multiplicar su efecto. 

Fortalecer la red consular 24/7 con defensa jurídica, documentación inmediata, búsqueda de personas desaparecidas, repatriaciones dignas y acompañamiento frente a abusos laborales, trata y violencia. 

Negociar convenios bilaterales para regularizar la portabilidad de derechos y verificación en sitios de trabajo; reducir el costo de las remesas y abrir canales seguros de envío y ahorro. La protección será un derecho exigible.

Las familias que se quedan y quienes retornan contarán con apoyo psicosocial y bancarización para convertir remesas en patrimonio. Habrá capital semilla y créditos blandos.

Mejorar la calidad de vida de las mujeres en Honduras implica diseñar e implementar políticas que respondan a las diversas realidades que enfrentan en su vida cotidiana. 

Las mujeres rurales enfrentan limitaciones en el acceso a tierra, crédito y asistencia técnica, mientras que las pequeñas y medianas empresarias y las mujeres emprendedoras suelen operar en condiciones de informalidad, con escaso apoyo financiero y capacitación para fortalecer sus negocios. 

Garantizar la atención especializada a la salud de mujeres, así como también abordar las causas que llevan a muchas niñas a abandonar la escuela, como las uniones tempranas, el embarazo adolescente o las labores de cuidado. Visibilizar y valorar el trabajo doméstico y el trabajo de cuidado, históricamente asumido por mujeres, es esencial para reconocer su aporte y avanzar hacia una Honduras más equitativa e inclusiva.

Las mujeres migrantes retornadas necesitan en Honduras oportunidades concretas para reconstruir sus vidas y desarrollarse tanto personal como profesionalmente. Esto requiere garantizarle acceso a empleo digno, capacitación, apoyo a emprendimientos, educación, salud y redes de protección social y psicosocial que faciliten su reintegración. Al ofrecer estas oportunidades, se fortalece su autonomía y se aprovecha la experiencia y habilidades adquiridas en el extranjero en beneficio del país.

NUESTRA PROPUESTA

Ampliar el acceso a créditos y programas de financiamiento dirigidos a mujeres solteras y jefas de hogar, promoviendo su autonomía económica y el fortalecimiento de emprendimientos liderados por mujeres.

Garantizar el abastecimiento continuo y equitativo de medicamentos esenciales y servicios de salud para las mujeres, priorizando la cobertura en comunidades rurales y zonas marginadas.

Implementar programas de apoyo para mujeres migrantes en situación de retorno, que incluyan asistencia social, acceso al empleo, reconocimiento de competencias laborales y acompañamiento psicosocial.

Promover el desarrollo integral de las niñas a través de programas educativos, culturales y deportivos que fortalezcan sus derechos, su liderazgo y su permanencia en la escuela; así como también políticas de prevención de la violencia y del matrimonio infantil y/o uniones tempranas, y el fomento de vocaciones científicas y tecnológicas desde la infancia. 

Reconocer plenamente los derechos laborales y de seguridad social de las trabajadoras del hogar, garantizando condiciones dignas de empleo y mecanismos efectivos de protección. 

Promover una política integral para la erradicación de todas las violencias contras las mujeres, incluidos los femicidios, reconociendo aquellas violencias que afectan de manera desproporcionada a las mujeres y niñas y fomentando que su investigación y judicialización, incluido en casos de mujeres defensoras ambientales y de derechos humanos, responda a criterios sensibles al género.

Con el inicio del gobierno y como parte del proceso de reconstrucción de la institucionalidad, se creo la CONDEPOR que después de tres años ha consolidado una política deportiva de alcance nacional que combina inversión, participación y proyección internacional. Infraestructura con más de 83 canchas construidas; apoyo al deporte federado en 18 disciplinas con entrenadores permanentes, y el deporte no federado atendiendo a 123,245 beneficiarios en entrenamientos y recreación, apoyado por 44 entrenadores. 

En materia de promoción deportiva con enfoque social, se aperturaron ocho academias deportivas gratuitas creando oportunidades en territorios vulnerables y los Juegos Internacionales ARA MACAO reunieron a más de 3,000 atletas con una inversión de L 28 millones, situando a Honduras en el mapa regional. 

Entre las obras emblemáticas destacan 5 estadios de categoría internacional.  

PROPUESTA

Impulsar una política deportiva integral basada en tres pilares: construcción y mantenimiento de infraestructura de calidad; apoyo directo a deportistas mediante becas, equipos, entrenadores y ciencia aplicada al rendimiento; y promoción permanente de actividades físicas comunitarias y escolares que fomenten hábitos saludables en todas las edades. 

La red de canchas, parques y gimnasios al aire libre será el corazón de programas gratuitos de iniciación, ligas barriales y festivales recreativos; la coordinación con escuelas y centros de salud para chequeos, nutrición y prevención de adicciones.

El Estado tiene la obligación de dar seguridad al pueblo y defender sus libertades fundamentales, la vida, la paz y la propiedad, frente a quienes pretenden imponer la violencia.  

Asumimos una política de Seguridad y Defensa de combate frontal y sin descanso contra asociaciones ilícitas y de mafiosos, crimen organizado y narcotráfico, con recuperación del control territorial y financiero del país, inteligencia e investigación criminal de alto nivel, cooperación judicial y regional, control de fronteras y puertos, y cero impunidad, con respeto a los derechos humanos. 

 Nuestro objetivo es continuar la ruta trazada por la Presidenta Xiomara Castro quien en esta etapa de transición logró pacificar al país, aumentando hasta en un 30% el número de elementos en los cuerpos policiales; logrando la cifra más baja de homicidios en los últimos veinte años y dando certeros golpes al narcotráfico con decomisos históricos. 

Durante este período se logró una reducción histórica del 50% de la tasa de homicidios con respecto al 2021, la más baja en dos décadas, así también en municipios como Villanueva (-43%), Choloma (-40%), Puerto Cortés (-39%), Choluteca (-27%), Comayagua y Catacamas (-25%), entre otros.  

La meta será alcanzar las menores tasas de inseguridad de Centroamérica y devolver a cada familia hondureña la tranquilidad que merece.

Promoveremos la coordinación institucional entre las Fuerzas Militares y policiales para evitar la duplicidad de recursos; y revisaremos la Estrategia, para darle un fuerte elemento táctico de inteligencia y hacer los operativos más precisos y eficaces.

Reestructuraremos legal y administrativamente la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) para hacer más eficiente su funcionamiento y con mayor transparencia. Agilizaremos sus procedimientos e incorporaremos elementos tecnológicos para prevenir la corrupción y lograr que sus recursos se pongan a disposición de las causas sociales más importantes sin demora. Movilizar los bienes incautados y ponerlos a trabajar, es devolver al pueblo lo robado.

Multiplicaremos los programas de recuperación de espacios públicos y de zonas controladas.

Continuaremos implementando en nuestras Fuerzas Armadas la capacitación especial con enfoque histórico, crítico, en el pensamiento militar de Francisco Morazán, para construir una generación que además de sus conocimientos y habilidades tácticas y estratégicas, actúe con base en los principios patrióticos del militarismo morazánico. 

Mi gobierno tiene una sola consigna frente al saqueo del Estado: combate frontal. Seré implacable contra la corrupción público-privada. No habrá intocables ni pactos de impunidad: cada lempira desviado se rastrea, se recupera y se devuelve al pueblo, pero para que esta vez sea distinto, propondremos reformas radicales del modelo de justicia, incluida la ruta de reformas constitucionales. 

La justicia debemos construirla con la voz de la ciudadanía. Convocaremos a consultas públicas para decidir los grandes temas nacionales en materia de justicia y anticorrupción. El pueblo fijará los límites y las reglas y el Estado, bajo esa guía, hará cumplir la ley.

En sintonía con la doctrina socialista democrática, el punto de partida es que el interés público debe prevalecer y ello exige cerrar espacios de discrecionalidad y colocar a la ciudadanía en el centro del control del poder. Esto se logrará potenciando la transparencia y combatiendo frontalmente la corrupción e impunidad.

Nuestro principio anticorrupción es claro: seremos implacables contra la corrupción.

La corrupción público-privada, no es un acto aislado, es un ciclo diseñado desde los poderes económico y político que abarca tanto estructuras públicas como privadas de colusión y connivencia actuando simultáneamente. La corrupción en Honduras ha funcionado de la siguiente manera, primero, la captura del derecho: normas hechas a la medida, fideicomisos opacos, exenciones discrecionales, “puertas giratorias” que convierten a los regulados en reguladores de facto, y cabildeo sin huella pública. Segundo, la captura de recursos: compras, concesiones y asociaciones público-privadas que favorecen oligopolios, modifican contratos sin justificación técnica, inflan costos y debilitan la supervisión. Tercero, la captura de la rendición de cuentas: unidades de control sin independencia, auditorías que no siguen la ruta del dinero, fiscalías sin herramientas patrimoniales, sanciones simbólicas y recuperación de activos marginal. Combatirla exige intervenir los tres eslabones al mismo tiempo para que no haya válvulas de escape.

En ese tránsito, la creación en el pueblo de una responsabilidad cívica y ética se vuelve fundamental: la corrupción no se aplaude, la riqueza mal habida no se celebra, sino debe haber un castigo social para quienes hacen de la corrupción un modo de vida y la practican a través del ejercicio público y de la iniciativa privada. Este cambio en el comportamiento social solo es posible a través de un verdadero mecanismo de educación, pero particularmente del despertar de una consciencia cívica y ética, valores propios de un estado refundado. En suma, la lucha contra la corrupción público-privada es, a la vez, ética y técnica.

PROPUESTA

Aumentar el presupuesto y las capacidades del Ministerio Público para la persecución e investigación científica de los delitos de corrupción y de grave daño patrimonial al Estado.

Fortalecer la Secretaría de Transparencia, ampliaremos sus facultades en materia de prevención, investigación y controles anticorrupción en el Poder Ejecutivo.

Fortalecer la institucionalidad con mecanismos de transparencia y acceso a la información.

Experiencias recientes como la MACCIH y otros esfuerzos anticorrupción históricos como los promovidos contra el golpista Romeo Vázquez y los diputados y exdiputados de los Partidos Nacional y Liberal o los procesos por corrupción de las municipalidades como San Pedro Sula, nos demuestran que es necesaria una nueva arquitectura institucional, independiente, popular y ética para atacar los casos graves de corrupción público-privada por su alto nivel de complicidad y connivencia con las estructuras del Poder Judicial. 

Proponemos crear un sistema de jurisdicción especial para casos de corrupción público-privada con perjuicio al erario público, integrado por un Juicio Sumario, incorporando la figura de los jurados populares. Así también, la correspondiente reforma integral al Código Procesal Penal y Leyes Especiales para garantizar el debido proceso y el cumplimiento de los Tratados Internacionales, particularmente las garantías procesales previstas en el Pacto de San José. 

Prohibición de que las contrataciones entre el Estado y particulares sean materia de arbitrajes o jurisdicciones privadas.

• Creación del Tribunal Constitucional.
• Reforma Constitucional del Sistema de Elección de los Magistrados a la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General.

El diseño del Poder Judicial adolece de una debilidad estructural, que afecta su funcionamiento: la injerencia de grupos económicos del Poder en la toma de decisiones durante el proceso de designación de los Magistrados. Esto es, que los mismos grupos económicos que han saqueado al Estado, se conviertan en revisores y “postuladores” de los candidatos a la Corte Suprema de Justicia, los evalúan y si así lo deciden los aplazan. 

En ningún país del mundo los grupos de interés tienen tal representación e interfieren con las funciones del Estado. A lo largo de ese proceso privatizador de la designación a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General, evidentemente se generan compromisos, complicidades, que después se traducen en sentencias absolutorias, en delincuentes llevando sus procesos de corrupción en libertad, en plenos de 2 integrantes e interpretaciones “de control de convencionalidad” que violenta lo previsto en la Constitución de la República, como la reelección ilegal del Presidente en funciones durante el tiempo de la narcodictadura. 

Por la importancia de una reforma de esta naturaleza, creemos necesario consultar al pueblo y activar el mecanismo previsto en el artículo 5 de la Constitución de la República de Honduras sobre la necesidad de reformar el sistema de selección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General, regresándolos a ser decisiones democráticas de Estado, que reflejen la participación popular y eliminar la injerencia de la oligarquía en la toma de esa decisión fundamental. Proponemos desprivatizar la Corte Suprema y la Fiscalía para regresarles su función pública y de representación social y popular.

Honduras es uno de los países más expuestos y frágiles frente a amenazas climáticas: los eventos extremos ya han borrado, una y otra vez, avances logrados en etapas de crecimiento y han dejado recuperaciones lentas y desiguales. Entre 1998 y 2017, el país figuró como el segundo más golpeado por fenómenos extremos y registró pérdidas anuales promedio equivalentes al 1.8% del PIB; las inundaciones han sido el desastre más destructivo y las sequías han afectado con fuerza al agro. 

El calentamiento global elevará la temperatura media, intensificará inundaciones, olas de calor y sequías, y subirá el nivel del mar. Dado que en Honduras los daños se asocian sobre todo a lluvias torrenciales e inundaciones, ciclones tropicales y sequías, es altamente probable que estos eventos ocurran con mayor frecuencia y severidad, profundizando su impacto económico y social si no se actúa con prevención y adaptación de escala nacional.

PROPUESTA

La prevención, fundada en el mayor riesgo de ciclones e inundaciones al norte y nororiente, sequías y deslizamientos al centro y sur; y el peso de la agricultura en hogares pobres.  

Atención y adaptación con el mantenimiento de red meteorológica, actualización de escenarios y metodología nacional de evaluación con indicadores, priorizando recursos hídricos, biodiversidad y servicios ecosistémicos, agroalimentario y soberanía alimentaria, e infraestructura socioeconómica, con coordinación territorial.  

Mitigación a través de una estrategia nacional de mitigación que reduzca emisiones y, al mismo tiempo, eleve la resiliencia productiva. La meta será recortar la huella de carbono con cinco palancas: acelerar la matriz de energía limpia (solar distribuida, eólica e hidro multipropósito con criterios socioambientales), eficiencia energética en industria, edificios y cocción limpia en hogares, captura de metano en rellenos sanitarios y aguas residuales, y sumideros naturales mediante restauración de bosques, cuencas y manglares.

El agua superficial es captada por 24 cuencas hidrográficas principales que drenan un 87% hacia el mar Caribe y un 13% al Pacífico. En 2021 la disponibilidad hídrica alcanzaba 9,772 m³ por persona al año, no obstante, esta riqueza contrasta con las desigualdades en el acceso, ya que mientras la mayoría de los hogares urbanos cuentan con agua entubada en sus viviendas, en las zonas rurales las familias enfrentan serias limitaciones para acceder a este servicio básico. 

En este período se declararon 69 nuevas microcuencas —alcanzando un total de 1,151 bajo protección y más de 7,000 hectáreas reguladas—, se inscribieron legalmente 136 consejos de cuenca y se abrió la Plataforma Agua de Honduras, que brinda acceso inédito a datos hídricos y climáticos; la actualización de  Guías para Planes de Manejo y Zonificación de Cuencas fortaleció la planificación técnica, y programas de reforestación y restauración en zonas críticas, recuperaron subcuencas en manos de privados, promovieron pagos por servicios ambientales y expandieron buenas prácticas agroforestales. 

PROPUESTA

Impulsaremos un modelo de soberanía hídrica integrado que le devuelva el poder a las comunidades para decidir cómo se usan y protegen sus fuentes de agua. Este modelo le apuesta a la restauración y protección de zonas de recarga mediante sistemas agroforestales y programas comunitarios; gobernanza democrática del agua a través de consejos de cuenca, juntas de agua y articulación de políticas públicas con marcos regulatorios más robustos.

Nuestro patrimonio natural es extraordinario, pero el modelo de gestión del SINAPH sigue fragmentado, la gobernanza es débil y poco participativa, los co-manejadores carecen de capacidades y financiamiento estables, y las comunidades, incluidas pueblos indígenas y costeros, no siempre están integrados en la toma de decisiones. 

La presión por el cambio de uso del suelo y la tala erosionan la biodiversidad y servicios ecosistémicos. En paralelo, los instrumentos económicos como la cuenta de carbono no opera a escala, no existe un flujo sostenido de incentivos para negocios verdes comunitarios y el ordenamiento del uso público es desigual. 

PROPUESTA 

Estableceremos modelos comunitarios de manejo que legitimen a las organizaciones locales como co-gestoras del SINAPH, con reglas de corresponsabilidad entre comunidades, gobiernos locales e instituciones. Invertiremos en capacidades para ecoturismo sostenible, infraestructura básica, obras de acceso, capacitación técnica y equipamiento y en liderazgo comunitario para administrar áreas protegidas, operar emprendimientos verdes y manejar el uso público con planes claros. 

Ampliaremos la superficie protegida con gestión compartida junto a comunidades e indígenas; aprobaremos y pondremos en vigor el reglamento de la ley especial de transacciones de carbono forestal; y activaremos la cuenta de carbono del FAPVS para financiar restauración, vigilancia y medios de vida compatibles con la conservación. 

Impulsaremos iniciativas de seguridad alimentaria y emprendimientos verdes en comunidades dentro de áreas protegidas; diseñaremos corredores ecológicos y proyectos de restauración en nodos de ecoturismo; y promoveremos pesca artesanal sostenible y turismo responsable en zonas marino–costeras, incluyendo medidas de mitigación y restauración coralina. 

Fortaleceremos el modelo de bosque productivo a escala comunitaria mediante planificación del uso de la tierra y delimitación de áreas forestales, regularización y titulación, con saneamiento y cruce de bases ICF, INA e IP y simplificación normativa que ordene competencias y agilice permisos.

Consolidaremos la forestería comunitaria con manejo forestal sostenible y protocolos específicos para pueblos indígenas y construiremos la infraestructura habilitante para que el aprovechamiento legal sea competitivo. 

Actualizaremos e implementaremos la Estrategia de forestería comunitaria para organizar nuevos grupos y fortalecer organizaciones agroforestales existentes; abriremos oportunidades de mercado y planes de inversión, combinados con sistemas agroforestales en amortiguamiento que integren restauración y conectividad de paisajes. Diversificaremos medios de vida con financiamiento de planes de negocio comunitarios y actualizaremos los instrumentos normativos que habilitan a las organizaciones agroforestales para ejecutar manejo sostenible.

Las zonas costeras de Honduras, mar abierto, arrecifes y manglares, afrontan una presión creciente por contaminación urbana e industrial, descargas sin tratamiento, expansión turística y acuícola desordenada, erosión y sobrepesca. 

PROPUESTA

Se integrará el ordenamiento costero–marino y conservación de arrecifes tras el blanqueamiento masivo de 2023 y la caída de cobertura coralina observada en sitios clave, incorporando medidas de control de contaminación y gobernanza de áreas marinas protegidas; acciones generales como las  normas de calidad de agua marina, fiscalización de descargas y saneamiento, y fortalecimiento de patrullaje y permisos de investigación.

La cobertura de recolección de basura es irregular, sobre todo en periferias urbanas y zonas rurales; los botaderos a cielo abierto persisten; la separación en origen es mínima. La regulación existe, pero está dispersa, con competencias superpuestas y tasas de aseo que no cubren costos ni incentivan mejorar el servicio. Falta infraestructura habilitante (estaciones de transferencia, centros de clasificación, rellenos con captura de biogás, plantas de compostaje) y el equipamiento es insuficiente. Los drenajes colapsados, inundaciones agravadas por basura, contaminación de ríos y costas, metano no capturado y una economía circular incipiente que desaprovecha materiales. 

PROPUESTA

Combate a la corrupción público-privada en el otorgamiento de concesiones para la recolección de basura. 

Impulso a iniciativa nacional para la recolección y extensión de residuos sólidos. 

Regulación, recolección, almacenamiento, tratamiento y reutilización de la basura.

Hay maltrato y abandono generalizados, sobrepoblación de perros y gatos, comercio y criaderos sin control, escaso presupuesto municipal para bienestar animal, débil fiscalización y pocas opciones de atención veterinaria pública. 

PROPUESTA

Jornadas de esterilización gratuitas y permanentes; prohibición de espectáculos y prácticas de crueldad; protocolos para rescate y rehabilitación de fauna silvestre con aliados; y apoyo a las casas y organizaciones voluntarias para el cuidado. 

La energía es un derecho humano habilitante. Por eso invertiremos recursos públicos para dotar de electricidad barata, continua y ecológicamente sostenible a dos regiones históricamente postergadas: Gracias a Dios e Islas de la Bahía. 

En la Mosquitia, donde predominan pueblos originarios, el Estado asumirá una atención prioritaria para elevar la calidad de vida con luz 24/7 para escuelas, centros de salud, agua potable y emprendimientos locales con especial énfasis en familias hondureñas en estado de vulnerabilidad que recibirán energía gratuitamente. 

En Islas de la Bahía, garantizar electricidad a bajo costo es un acto de justicia social con las comunidades, incluidos nuestros pueblos garífunas: la isla no seguirá escindida entre una zona de privilegio y el resto de la población en pobreza; todas y todos deben acceder a condiciones de vida dignas.

Lo haremos con microrredes públicas bajo rectoría de la ENEE: solar + eólica + almacenamiento como base, respaldo flexible y eficiente para estabilidad, medición inteligente, pérdidas técnicas a la baja y tarifa social para hogares vulnerables. 

Con energía limpia, estable y asequible, cerramos brechas históricas, fortalecemos la soberanía en las fronteras marítimas y encendemos una economía local que hoy paga caro la luz del desarrollo. Esta es la promesa: la electricidad dejará de ser un privilegio y será la infraestructura de la dignidad en Gracias a Dios y en Islas de la Bahía.

Como columna vertebral de nuestra política pública de seguridad hídrica y energética, continuaremos con el programa de construcción de represas multipropósito, Morolica, Patuca II-A, El Tablón, Jicatuyo y Los Llanitos, orientado a controlar inundaciones, garantizar riego y agua potable, y ampliar la oferta de energía limpia. 

El Tablón, sobre el río Chamelecón en el Valle de Quimistán (Santa Bárbara), puede llegar a aportar hasta 20 MW y será clave para proteger el Valle de Sula en época lluviosa; en la misma cuenca occidental, Los Llanitos (≈80 MW) y Jicatuyo (≈210 MW) sumarán en total 290 MW y ayudarán a mitigar las crecidas del río Ulúa, reduciendo a la vez el déficit energético y el costo del kWh conforme al plan “Rescatar la ENEE” 2022–2026. 

Este paquete se complementa para nuevas líneas de transmisión —230 kV Talanga–Juticalpa II y 69 kV Telica–San Francisco de La Paz—, un parque solar de 50 MW en Patuca y una turbina adicional en Patuca III (1.5–2 MW) que aprovechará el caudal ecológico. 

Estas megaobras nos pondrán en camino de la seguridad y autosuficiencia energética pública.

Se concluyeron obras clave de pavimentación y rehabilitación con concreto hidráulico en los principales ejes del país.  

Corredor de Oriente (Las Lomas–Terrero Blanco), Naco–La Entrada en el Corredor de Occidente; Cucuyagua–Ocotepeque–El Poy–Agua Caliente en las CA-4/CA-10 (frontera con El Salvador y Guatemala); Siguatepeque–La Esperanza; CA-6 Tegucigalpa–Neteapa; Portillo del Lobo–Reitoca–Curarén; San Juan de Flores–Talanga; El Bijagual–San Francisco de Becerra; Amapa–San Antonio de Cortés ; y Peña Blanca–Los Naranjos. 

PROPUESTAS: 

Continuar las inversiones estratégicas en la construcción de las carreteras:

1. Danlí-Trojes (78 kilómetros) con una inversión de L. 1,800 millones. 
2. Ojo de Agua-Cantarranas (31 kilómetros)
3. Corredor de Occidente CA-4, tramo Chamelecón–Naco (Cortés), con concreto hidráulico (ampliación, rehabilitación y mejoramiento); (24 kilómetros y 11 puentes). 
4. La Barca-Progreso (37 kilómetros) 
5. Progreso-Tela  (68 kilómetros) 
6. Tela-La Ceiba (94 kilómetros) 
7. Corredor CA-13, La Ceiba–Puerto Castilla (174 kilómetros) con una inversión de L.4,680 millones. 

 Todas las carreteras de la red vial primaria que han concluido su vida útil serán construidas con concreto hidráulico y carpeta asfáltica. 

Mantenimiento y conformación de la red secundaria y apoyo en las áreas productoras de café en la red terciaria. 

El Proyecto del Ferrocarril Interoceánico de Honduras, declarado de interés nacional mediante Decreto Ejecutivo 08-2024 y formalizado con la creación de la Comisión Nacional para el Ferrocarril Interoceánico (CONFI), entidad encargada de liderar su desarrollo y cuyo proyecto de ley que dará vida a la Corporación Nacional del Ferrocarril Interoceánico ha sido presentado al Congreso, será una entidad de carácter público con participación privada, siendo Estados Unidos el socio prioritario invitado formalmente. 

Esta iniciativa estratégica tiene como objetivo transformar a nuestro país en un nodo “Hub”logístico continental mediante la conexión ferroviaria de dos de los puertos naturales más profundos de América Latina: Puerto Castilla, en el Caribe, y Amapala, en el Pacífico. 

El proyecto contempla:

• La modernización y ampliación de Puerto Castilla, ya en operación en el Océano Atlántico. 
• La construcción del nuevo Puerto de Amapala, Golfo de Fonseca en el Océano Pacífico.
• Una línea férrea de aproximadamente 600 km que unirá ambos puertos, permitiendo el tránsito ágil de contenedores y otros bienes estratégicos.

Dadas las actuales restricciones del Canal de Panamá provocadas por el cambio climático, como la reducción del tránsito debido a la sequía, y las tensiones en otras rutas marítimas globales (Ormuz, Suez, Formosa, Malaca, Bósforo, entre otras), Honduras puede ofrecer una alternativa complementaria, confiable y geográficamente privilegiada para el comercio global.

PROPUESTA: 

Continuar este mega proyecto estratégico que representa una oportunidad histórica para Honduras, en generación de empleo, conectividad, seguridad y desarrollo compartido con toda la región.

Como parte de las políticas neoliberales desde los años 90´s, Honduras concesionó sus aeropuertos a InterAirports S.A. pero el esquema priorizó la rentabilidad privada y dejó un deterioro en infraestructura, servicio al usuario y visión logística. Para recuperar soberanía y profesionalizar la gestión, en 2023 la Presidenta Xiomara Castro emitió el PCM 17-2023 que creó el Servicio Aeroportuario Nacional (SAN), ente público con autonomía técnica, administrativa y financiera, cerrando definitivamente el modelo concesionado. 

El SAN invirtió más de L2,000 millones con ingresos propios, sin deuda pública ni alzas tarifarias. En San Pedro Sula se añadieron más de 13,000 m², 4 puentes de embarque, nuevas bandas y counters, migración automatizada, FIDS, ACUS, kioscos, modernización eléctrica/VRF/red de datos, áreas comerciales y accesibilidad plena conforme a OACI y RAC-139. En Roatán se amplió la terminal (+5,000 m²), se sumaron módulos de migración/aduana, 3 bandas, iluminación LED, VRF y se rehabilitaron pista y rodajes con diseño ecoeficiente. 

La eficiencia operativa impulsó la recuperación de tráfico: SAP pasó de 900,000 pasajeros (2019) a 1,244,000 (2024). 

Para consolidar el desarrollo aeroportuario bajo la rectoría del Estado, la Empresa Pública Aeroportuaria Nacional (EPANH), será una entidad pública empresarial con autonomía plena, patrimonio propio y capacidad legal para planificar, administrar y expandir el sistema aeroportuario. Sustituirá a EHISA y al actual SAN, bajo rectoría del Consejo Superior Aeroportuario (CSA) y la tutela de la Presidencia. 

Este nuevo modelo permitirá consolidar un sistema aeroportuario autosostenible, moderno y estratégico para el desarrollo nacional, impulsando empleo, turismo, exportaciones e integración regional. La EPANH devolverá al Estado la soberanía sobre sus activos aeroportuarios y fortalecerá la capacidad pública de planificación, inversión y transparencia en beneficio del pueblo hondureño.

Implementaremos el programa “Conectando Capitales”, rehabilitando rutas entre Tegucigalpa, San Salvador, Ciudad de Guatemala, Managua, San José y Belice para dinamizar la economía capitalina y posicionar a Honduras como centro natural de conectividad del istmo.

Queremos más Honduras en el mundo y más del mundo en Honduras: integración centroamericana activa, cooperación justa, defensa de nuestros connacionales, y una agenda económica, cultural, científica y ambiental que abra mercados, atraiga inversión responsable y comparta conocimiento. Con voz propia y respeto a la diversidad, Honduras dialogará con todos, pero defenderá sus intereses legítimos y aportará su parte al bien común global.

El Derecho a la Verdad es la piedra angular de la refundación del Estado. Es el ejercicio práctico de un Derecho Humano que no prescribe. Es memoria viva, historia en movimiento y son los ladrillos con los que se construye el futuro de nuestra sociedad. Solo un país que nombra su herida puede curarla. Un país que se pone de pie abre archivos, investiga redes y persigue la corrupción, repara a las víctimas y garantiza no repetición, solo así gana el derecho a caminar erguido.

Honrar nuestro pasado significa enseñar lo sucedido durante y después del Golpe de Estado, para que se grabe en la consciencia del pueblo y no vuelva a ocurrir, pero también significa reclamar a quienes ocultan la verdad, su vileza, desenmascarar los intereses ocultos en los medios de comunicación cada vez menos masivos y más repudiados, que con engaños y con entretenimiento pretenden sembrar la duda y adormecer la consciencia de la juventud.

Mi propuesta es que el Estado asuma su responsabilidad de garantizar el Derecho a la Verdad del pueblo.

En este Plan, las políticas transversales son el nexo que concatena todas las áreas del Gobierno: un enfoque que atraviesa economía, salud, educación, trabajo, vivienda, cultura y seguridad para que cada decisión pública incorpore transparencia y Combate a la Corrupción Público-Privada y respeto a los Derechos Humanos, así garantizamos que ninguna política quede fuera de esta perspectiva humanista y democrática, elementos principales de la refundación del Estado.

El financiamiento de este Plan denominado Democratización de la Economía para el cuatrienio 2026-2030 tendrá como principal fuente el cese de la corrupción público-privada, un régimen fiscal y tributario justo y equitativo; y los recursos provenientes de los créditos de los Organismos Financieros.